{"id":7393,"date":"2021-02-05T15:21:53","date_gmt":"2021-02-05T20:21:53","guid":{"rendered":"https:\/\/nabiconsulting.co\/?p=7393"},"modified":"2026-04-07T18:19:51","modified_gmt":"2026-04-07T23:19:51","slug":"tendencias_de_innovacion_e_impacto_en_2021-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nabiconsulting.co\/en\/tendencias_de_innovacion_e_impacto_en_2021-2\/","title":{"rendered":"Educamos por cumplir el derecho y obtener el beneficio"},"content":{"rendered":"
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La privaci\u00f3n de la libertad implica la restricci\u00f3n del derecho de toda persona a ser libre, pero en la pr\u00e1ctica tambi\u00e9n significa, aunque legalmente y te\u00f3ricamente no se reconozcan, la violaci\u00f3n y privaci\u00f3n de otros derechos humanos, incluyendo el de la educaci\u00f3n. Abauza, Mendoza, Bustos, Enr\u00edquez & Paredes (2011) muestran como hist\u00f3ricamente, la pena privativa de libertad mantiene un paradigma social de lo que Foucault (2002) denomina \u201cvigilar y castigar\u201d a aquellos individuos -no personas humanas- que han cometido delitos, buscando con ello causar un sufrimiento f\u00edsico al condenado; lo cual tiene aplicaci\u00f3n en Am\u00e9rica Latina, por una marcada influencia de las practicas europeas desde \u00e9pocas coloniales, las cuales contemplaban una legislaci\u00f3n de las Indias que se impuso en cada pa\u00eds y donde se constru\u00edan socavones como lugares de detenci\u00f3n para las personas perseguidas por la Inquisici\u00f3n o traidores de los virreinatos, (Amaya Velosa, 2001), de all\u00ed que los EPC sean vistos como lugares de castigo, para retener a los que infringen la ley y sea un llamado preventivo para aquel que no acate lo establecido por el Estado (Rodr\u00edguez Pineda, 1998).<\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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En pa\u00edses como Colombia, el inicio de la independencia, marc\u00f3 una reflexi\u00f3n sobre la necesidad de observar a la humanidad de los llamados \u201cpresos\u201d, tratando de ir m\u00e1s all\u00e1 del castigo y aislamiento; y aunque comenz\u00f3 a esbozarse el cumplimiento de trabajos comunitarios o artesanales, la proyecci\u00f3n de la c\u00e1rcel de Bol\u00edvar fue el lugar de castigo con privaci\u00f3n absoluta de la libertad y la realizaci\u00f3n de trabajos obligatorios que favorecieran al Estado (Amaya Velosa, 2001), que incluyeron a lo largo del siglo XVIII sanciones que inclu\u00edan, seg\u00fan el EPC, latigazos por d\u00eda, restricciones alimentarias, encierro en solitario o privaci\u00f3n sin luz (Posada Segura, 2008). A finales del siglo XIX se comenz\u00f3 a realizar acuerdos con la comunidad religiosa del Buen Pastor para recluir de mujeres, siendo el asilo San Jos\u00e9 la primera, pero s\u00f3lo funcion\u00f3 cinco a\u00f1os (Fonseca Fierro, 1988); hasta ese momento ni en Colombia ni en Latinoam\u00e9rica se contemplaba la educaci\u00f3n como parte del SPC. Scarf\u00f3, Cuellar, & Mendoza (2016) muestran como s\u00f3lo hasta principios del siglo XX se comienza a concebir la educaci\u00f3n en la c\u00e1rcel dentro de las teor\u00edas criminol\u00f3gicas, junto con el trabajo forzado y la religi\u00f3n, pero no como un asunto que beneficia a la persona sino como aquello que permite la disciplina y control del individuo; bajo las perspectivas de estructuras organizadas se comienza a enlazar los fines de la c\u00e1rcel con la educaci\u00f3n y se propone como parte del tratamiento penitenciario de car\u00e1cter terap\u00e9utico, fomentando desde los diferentes SPC en los pa\u00edses distintos \u201cre\u201d para explicar el objetivo de la educaci\u00f3n en las PPL que debe responder a tratar la pena del interno reeduc\u00e1ndolo, readapt\u00e1ndolo, rehabilit\u00e1ndolo, reinsert\u00e1ndolo, resocializ\u00e1ndolo, entre otros.<\/p>

A lo largo del siglo XX los diferentes c\u00f3digos y disposiciones para los EPC fueron incorporando reglas espec\u00edficas tanto para condenados como para sindicados, que incluyeron espacios de clasificaci\u00f3n destinados a trabajar en los distintos \u201cre\u201d; llevando a que se actualizar\u00e1n los distintos reg\u00edmenes penitenciarios incorporando las disposiciones de Naciones Unidas, que toma como referente las Reglas M\u00ednimas para el tratamiento de los reclusos emitidas en 1955 (Carmona L\u00f3pez, 1985), que precisamente enfatizan la organizaci\u00f3n de los EPC como parte de la medidas para la reeducaci\u00f3n y en particular se menciona la instrucci\u00f3n, orientaci\u00f3n y formaci\u00f3n como regla b\u00e1sica del tratamiento cuya finalidad ser\u00e1 la readaptaci\u00f3n del recluso capaz de aprovecharla. Es decir, desde esta pr\u00e1ctica, los SPC, con el fin de cumplir con el tratamiento penitenciario, educan como parte de ese ejercicio diario de car\u00e1cter terap\u00e9utico que pretende cambiar las \u201cmalas\u201d conductas de las PPL, haciendo que ocupen de manera provechosa el tiempo y que desde el Estado se logre mostrar la manera como la c\u00e1rcel es una soluci\u00f3n inevitable para que la sociedad corrija aquellos comportamientos delictivos, siendo lo que Foucault (2002) denomina \u201cla detestable soluci\u00f3n que no se puede evitar\u201d.<\/p>

Al considerar la educaci\u00f3n como parte del tratamiento del individuo, se puede perder de vista su car\u00e1cter de derecho humano, de ese derecho de desarrollo que tiene la persona, y se enfatiza en el aislamiento del SPC de todos los \u00e1mbitos de la sociedad, porque se requiere curar o como se dice en el argot carcelario \u201cterapiar\u201d al individuo, para corregir su comportamiento. Sin embargo, la PPL no por el hecho de estar recluida dejar de ser un sujeto de derechos, ni el Estado deja de ser un garante de los mismos, al contrario, la normatividad internacional es amplia en especificar la educaci\u00f3n en los EPC como un derecho que se ratifica en diferentes pactos y tratados que conllevan a que existan responsabilidades y deberes del Estado y sus instituciones por dar cumplimiento a este derecho con medidas privativas de la libertad o sin ellas.<\/p>

Ese \u00e9nfasis en el cumplimiento del derecho toma m\u00e1s fuerza a finales del siglo XX y principios del siglo XXI con las llamadas reglas de Tokio para la aplicaci\u00f3n de medidas no privativas de la libertad y las 108 reglas europeas creadas como est\u00e1ndares m\u00ednimos para las pol\u00edticas penitenciarias, donde se hace explicito la conservaci\u00f3n de todos los derechos a excepci\u00f3n de la restricci\u00f3n de la libertad por la situaci\u00f3n de la condena, por lo que el Estado se obliga a cumplirle los derechos a las PPL, adaptando los EPC, en tanto le sea posible, a la vida en sociedad, bajo el principio b\u00e1sico de preservar la reinserci\u00f3n o readaptaci\u00f3n social, suponiendo una c\u00e1rcel abierta hacia la sociedad y ella hacia la c\u00e1rcel (Abaunza, Mendoza, Bustos, Enr\u00edquez, & Paredes, 2011). Desafortunadamente, la funci\u00f3n de castigo de la prisi\u00f3n diluye las acciones dise\u00f1adas para acompa\u00f1ar a las PPL, dej\u00e1ndolas como cumplimientos de derechos que deben atender a la asistencia primaria o a los tratamientos dirigidos para modificar o reorientar conductas criminales, y que es un deber del Estado asumirlo como su obligaci\u00f3n.<\/p>

Esa obligaci\u00f3n, bien o mal, viene permitiendo un desarrollo educativo en los contextos de encierro, los EPC cuentan con la educaci\u00f3n como parte de los medios para el tratamiento, y los programas institucionalizados que se formulan buscan que los mismos respondan como m\u00ednimo a lo que Tomasevski (2003) menciona como las 4-Aes: Asequibilidad, educaci\u00f3n disponible para todos; Accesibilidad, educaci\u00f3n sin discriminaci\u00f3n y con permanencia; Aceptabilidad, educaci\u00f3n con contenidos y m\u00e9todos de ense\u00f1anza apropiados; y Adaptabilidad, educaci\u00f3n adecuada a un contexto espec\u00edfico que evoluciona y que contribuye a la PPL.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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– Development Team – Nabi Consulting\u00a0<\/span><\/strong>
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